En 2010 el gobierno de México privatizó la mitad del sistema penitenciario federal. Asignó contratos por 20 años a empresas para que construyeran, operaran y mantuvieran ocho cárceles con la promesa de que, a la larga, serían instalaciones más seguras para los internos, con mejores esquemas de readaptación, y a su vez con una menor carga económica para el Estado.
Una década después los datos oficiales revelan que nada de esto ha ocurrido. Mientras dichas “cárceles privadas” absorben casi el 80% del presupuesto destinado al sistema penitenciario – aunque albergan la mitad de los reos – sus internos reportan las mismas deficiencias en cuanto a servicios, espacios, programas educativos, oportunidades de crecimiento, amenazas y corrupción, entre otros.
No solo eso. Estos centros penitenciarios presentan mayor prevalencia de hechos de violencia o abusos. Cuatro de los cinco penales con mas incidentes justamente son estas cárceles particulares, denominadas CEFERESOS “CPS” (Contratos de Prestación de Servicios).
A partir de los resultados de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad ENPOL 2020, Intersecta, Data Cívica, CEA Justicia y Animal Político pudieron contrastar las respuestas que otorgan los internos recluidos en los CEFERESOS públicos respecto a los CEFERESOS CPS. En casi todos los casos se advierte la prevalencia de las mismas fallas e incluso, mayores deficiencias en estos últimos.
Por ejemplo: en las cárceles federales debería existir una separación clara entre los reos que están sometidos a un proceso sin que se haya probado todavía que cometieron un delito, y los reos que ya fueron condenados y están cumpliendo una sentencia. Sin embargo, solo el 30.1% de los internos en los CEFERESOS CPS reportó haber percibido esta separación, muy por debajo del 44.9% que sí lo advirtió en los penales públicos.
En cuanto a espacios comunes, el 53.7% de los internos en los centros operados por privados reportaron que hay espacios para ejercitarse, un porcentaje inferior al 59% que lo registra en los públicos.
En áreas de lectura el nivel es casi idéntico: el 83% de los internos de ambos tipos penales informa que sí se cuenta con estos espacios. Pero en cuanto a comedor, solo el 75% de los reos de los penales privados señaló que cuenta con una instalación de ese tipo, bastante inferior al 96.8% de la población en los CEFERESOS públicos que afirma que sí lo tienen.
El tiempo que los internos pasan únicamente encerrados en su celda también es notoriamente alto en ambos tipos de penales: 21 horas al día en los públicos y 20 horas al día en los privados.
Otro déficit que se repite e incluso es más grave en los CEFERESOS CPS es el de las actividades educativas. Apenas un 17.7% de la población privada de su libertad en las cárceles privadas reportó estar cursando algún nivel escolar, respecto al 30.7% registrado en los centros públicos. Al preguntárseles al resto porque no participan en este tipo de actividades, el 20.4% de los internos en los penales privados dice que porque no existen programas educativos, porcentaje muy superior al 3.3% de los que refieren los mismo en las cárceles públicas.
En cuanto a visitas solo el 18% de los CEFERESOS CPS reporta haberlas recibido, un nivel respecto del 24.1% en los CEFERESOS públicos. Es decir, en promedio, apenas 1 de cada 5 internos recluidos en estas cárceles privadas ha recibido visitas.
En el apartado de seguridad existe un contraste llamativo. Aunque es ligeramente mayor la sensación de seguridad que dicen percibir los internos en los centros privados, también es mayor la proporción de los que confirman haber sido víctimas de un delito en prisión: 26.6% en comparación con el 25.3% de las cárceles públicas.
Es decir, aunque la percepción de seguridad en el interior de los CEFERESOS CPS es mayor en comparación con los centros públicos, en los hechos no hay grandes diferencias en la incidencia delictiva según el tipo de centro.
Además, el 8.4% de los internos en los CPS advierte que ha tenido que participar en un hecho de corrupción para acceder a un bien o servicio que por derecho les corresponde, porcentaje similar al 10% que lo reporta en las cárceles públicas, En esto tampoco hay diferencias significativas.
En los CPS también es mucho mayor la presencia de población privada de su libertad que fue trasladada desde otro reclusorio: 72.7% respecto al 39.2% de los internos en los penales públicos. Esto es grave si se toma en cuenta que más del 80% de los reos dijo que su traslado no fue autorizado por un juez.
Mismas fallas, más incidentes: CNDH
Al igual que la ENPOL, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos evidencia las carencias con las que operan los CPS. En una escala del 1 al 10, estas cárceles privadas promedian un 7.61 de calificación en los distintos indicadores del diagnóstico, que es muy similar al 7.51 que presentan los CEFERESOS públicos.
Uno de los centros privados peor evaluados es el CEFERESO CPS número 17 ubicado en Michoacán, el cual arroja calificación de 6.79. En este complejo presenta 13 tipos de deficiencias distintas entre las que figuran insuficiencia o inexistencia de actividades educativas, lo cual concuerda con los bajos parámetros evidenciados en el mismo rubro que la ENPOL.
También se detectó la insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas, inadecuados programas de readaptación social, deficiencias en la atención de personas adultas mayores, deficientes condiciones de higiene, un área médica insuficiente, deficiencias en los procesos de sanciones disciplinarias, insuficiente personal de seguridad, entre otros.
Varias de estas fallas se replican en el resto de los CPS que operan en el país, entre ellos los que se encuentran en Sonora y Guanajuato que ya llevan más de una década de estar en funcionamiento. Es decir, de acuerdo con estos estudios los problemas que presentan los CEFERESOS públicos se han replicado en los privados, pese a que sean operados por la iniciativa privada.
Pero además el diagnóstico muestra que el nivel de incidencias que ocurren en los complejos penitenciarios privados es incluso mayor que en los públicos. En 2020, por ejemplo, dentro de las 10 cárceles federales con mayor número de incidentes, siete son precisamente CPS, y dentro de las primeras cinco, cuatro son centros de reclusión privados.
El CPS Guanajuato y el CPS Chiapas son los dos penales federales que en un año registraron el mayor número de incidentes con 43 cada, entre los que figuran riñas, suicidios y abusos. Le sigue en tercer sitio el CPS Oaxaca con 42 incidentes y el CPS Michoacán con 31. Todos estos son penales operados por entes privados.
En quinto sitio en nivel de incidencias se encuentra un penal público: el CEFERESO número 5 Oriente con 27 y le sigue el CEFERESO número 4 Noroeste con 26 incidentes. Y después se ubican otros tres penales privados: los CPS Coahuila con 21, CPS Sonora con 19, y CPS Femenil Morelos con 18.
La lista de los diez penales federales con mayor incidencia la completa el CEFERESO número 1 del Altiplano, operado por el gobierno, con solo 16 incidentes en todo el 2020.
Una cara… (no) solución
Aunque la administración del entonces presidente Felipe Calderón promovió la inversión privada en las cárceles federales como una opción que, a la larga, traería ahorros para el Estado, la realidad hoy es distinta. Estos centros acaparan, en promedio, casi 8 de cada 10 pesos del presupuesto federal.
De acuerdo con un análisis de la organización México Evalúa a partir de datos oficiales, en 2019 los CPS recibieron el 77% del presupuesto etiquetado para los centros penitenciarios federales, mientras que los CEFERESOS públicos recibieron solo el 19%. Un 3% se fue para el cierre del complejo de las Islas Marías y un 1% para Centro de Rehabilitación Psicosocial.
“La inversión de recursos es tremendamente asimétrica, en promedio a cada CEFERESO se le destinan 313 millones de pesos, mientras que a cada CPS 1,400 millones de pesos, es decir, en promedio se invierten 21 centavos a cada CEFERESO por cada peso que se invierten en los CPS”, indica la organización.
Dicho de otra forma: el mantenimiento de estos penales privados resulta cinco veces más caro que el de las cárceles públicas aunque, como ya vimos, presentan los mismos problemas.
México Evalúa advierte que la inversión que el gobierno hace para la manutención de los CPS es, hasta el momento, injustificable a la luz de la falta de resultados. En ese contexto la organización destaca la gravedad de la opacidad en torno a los contratos que se firmaron, los cuales fueron clasificados desde un inicio como reservados alegando temas de seguridad nacional. Una opacidad que, hasta el día de hoy, prevalece.
“Es dinero público el que no está generando un valor agregado a la inversión, es dinero público el que se invierte para una mejor calidad de las cárceles y es dinero público el que aparentemente se desperdicia porque no se observa esta mayor calidad”, indica la organización.
De acuerdo con una análisis de la doctora en Derecho, Mara Gómez, publicado en Animal Político, las empresas que se beneficiaron de los contratos para la operación de los centros penitenciarios son Desarrolladora Homex, empresa dedicada primordialmente a la construcción de casas habitación; ICA (Ingenieros Civiles Asociados), una de las constructoras más antiguas de México; Prodemex (Promotora y Desarrolladora Mexicana), de Olegario Vázquez Raña; los consorcios ARB Arendal, de José de Jesús García Vázquez, y GIA (Grupo Ingeniería Arquitectura y Asociados), que preside Hipólito Gerard Rivero, y Tradeco, empresa dedicada a la construcción de carreteras y obras para Pemex.
Son consorcios que antes de obtener los referidos contratos vía adjudicación directa no tenían ninguna experiencia en la construcción ni operación de centros penitenciarios.
