La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga a un ex empleado de la Oficina de la Presidencia de la República señalado de haber desviado, entre enero y abril de 2019, en el actual gobierno, más de 300 mil pesos que tenían que haberse usado para abastecer de gasolina a los vehículos de la Presidencia.
Se trata de Miguel Ángel Mendoza Guadarrama, quien se desempeñaba como jefe de departamento de Control Vehicular de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficina de la Presidencia de la República, y era el administrador de un contrato para el suministro de combustible mediante vales de papel y tarjetas plásticas electrónicas, firmado con Efectivale desde 2018.
Lo puedes encontrar en el siguiente listado de funcionarios:
http://sitllxi.diputados.gob.mx/plantilla_integrantes_de_comisionlxi.php?comt=149
A Mendoza “se le atribuye la utilización indebida de 12 tarjetas electrónicas con chip, generando 358 movimientos (dispersiones de dinero y cargos de combustible) ocasionando el desvío de 354 mil 691 pesos, toda vez que no fueron utilizados para el abastecimiento de combustible a vehículos Oficiales de la Presidencia de la República”.
En su lugar, dice el expediente 000161/2020, “se detectaron transacciones irregulares, consideradas como tales por tratarse de importes idénticos, en números cerrados, efectuados en las mismas gasolineras con muy pocos minutos de diferencia entre uno y otro”. Mendoza Guadarrama era el único servidor público con acceso a la plataforma mediante la cual se podía hacer uso de dichas tarjetas.
Actualmente, Mendoza Guadarrama no aparece en la nómina del gobierno federal, pero de acuerdo con la plataforma DeclaraNet, trabajó en la Oficina de la Presidencia desde noviembre de 2014 con funciones de administración de bienes materiales. Cuánto recurso no desvió desde entonces.
Al ahora ex funcionario, cuya última declaración patrimonial de modificación fue publicada en mayo del 2019 ─sin que haya presentado su declaración de conclusión─, se le investiga por la falta grave de desvío de recursos públicos, establecida en el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En un edicto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se le notifica que deberá comparecer para la audiencia inicial del caso ante la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial de la SFP.
