La madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular y con cambios el proyecto de decreto de la Ley de Juicio Político
La madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular y con cambios el proyecto de decreto de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, y abrogó la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Con 266 votos a favor y 205 en contra, el proyecto de decreto fue aprobado y turnado al Senado.
El documento, que fue turnado al Senado de la República, tuvo modificaciones en los artículos 19 y 33 para establecer que en los juicios políticos y de declaración de procedencia las sesiones sean siempre de carácter presencial.
Además, se modificó el artículo 37, el cual se estipulan los delitos por los que el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado en el tiempo de su encargo para que sea “respetando siempre el principio de presunción de inocencia”.
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Entre las reservas al decreto, se avaló la presentada por el petista Gerardo Fernández Noroña, de que en los procedimientos de juicio político y de declaración de procedencia las sesiones “serán siempre de carácter presencial, estando obligados las y los diputados a estar presentes en ellas”.
Así como que el Presidente pueda ser imputado y juzgado durante su encargo “respetando siempre el principio de presunción de inocencia”.
Además de que, en el artículo 41 se establece que para aprobar o no la resolución sobre la probable responsabilidad del Presidente en la comisión del delito o delitos de que se le acusa, se requiera la mayoría calificada de las dos terceras partes de las senadoras y senadores presentes.
Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, sostuvo que se da protección especial al Presidente con “estrategias de propaganda”, porque se dice que quieren una ley más fuerte para el desafuero para que la oposición reaccione y digan después que se está protegiendo a los corruptos.
La diputada Sandra Olvera Bautista (Morena) dijo que las reservas mejoran la propuesta y benefician al pueblo, además, dan certeza jurídica y regula quiénes son responsables políticamente en el servicio público, las causas, sanciones, autoridades y competencias.
El diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) rechazó que se busque régimen especial para el Presidente pues no es un trato privilegiado el que se le da.
Mientras que el panista, José Elías Lixa Abimerhi, indicó que con estas reservas se crea un régimen de excepción para la o el Presidente, pues se genera una protección especial al requerir una votación de dos terceras partes.
“Es un funcionario público protegido por el fuero y lo que proponen es que no sea juzgado como cualquier otro”.
También del PAN, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván señaló que el Ejecutivo no pude ser tratado con un régimen diferente y señaló que la iniciativa original establecía que todos en el Poder Ejecutivo y Legislativo debían ser separados del encargo, pero en el dictamen no está.
